José Huaylla, magistrado de la Corte de Lima Norte, explicó que aquel funcionario que abusa de su poder para mochar o recortar los salarios del personal asignado a su cargo y así obtener un beneficio patrimonial, comete el delito de concusión, penado, de acuerdo con el Código Penal, con dos hasta ocho años de pena privativa de la libertad.
En ese sentido refirió que concusión es el «delito cometido contra la administración pública, y lo comete un funcionario o servidor público que abusa de su cargo para obtener un beneficio»; conocido también como la «estafa del funcionario público», porque obliga o induce a un particular para obtener un beneficio patrimonial.
«Un claro ejemplo es el del caso del congresista Michael Urtecho, que fue condenado por el delito de concusión, porque abusó de ese poder que le otorgó el Estado para cobrar el sueldo de los trabajadores, lo que no le correspondía», explicó.
Precisó que el ilícito de concusión es también conocido como «el temor generado a particulares» y con base en ese temor se benefician los funcionarios públicos.
Otros casos comunes son aquellos en que algunos funcionarios, bajo el argumento de fiscalizar, pretenden cerrar el local comercial de alguna persona y que, si no pagan determinado monto, lo cierran, lo que les acarrearía pérdidas económicas en el día.
Además, está el caso de los fiscalizadores o ejecutores coactivos, que, para evitar ejecutar una resolución, también se valen de sus cargos para obtener un beneficio económico.
Con respecto a las penas, el juez señaló que el tipo penal de concusión en la modalidad básica tiene una pena de dos a ocho años de cárcel, y que, considerando las agravantes, la pena puede incrementarse, y si concurre con otros delitos como enriquecimiento ilícito o peculado superaría los 30 años de prisión.
Sobre el bien jurídico afectado, Huaylla Marín refirió que el Estado otorga a todo funcionario o servidor público una facultad para desempeñarse de acuerdo al ordenamiento jurídico y siempre respetando la probidad, la integridad de la administración pública.
«Lo que el Estado quiere es que el funcionario sea probo, íntegro, correcto, por eso debe prevalecer la buena reputación del Estado y esta se afecta con la concusión», puntualizó.
Fuente: Andina
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