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Ley de Crimen Organizado: ¿Partidos políticos y empresas son organizaciones criminales?

POR SEMANA ECONÓMICA

Las recientes decisiones de los fiscales a cargo de investigar a Keiko Fujimori, Alan García, Ollanta Humala y a la concesión del Aeropuerto Chinchero (del consorcio Kuntur Wasi) como parte de sendas organizaciones criminales puede resultar popular y mediáticamente efectista, pero atenta contra el objetivo de hacer justicia con base en hechos probados, que es como se supone que debería actuar el Ministerio Público. A la larga, además, puede resultar contraproducente si lo que se busca es sólo obtener sentencias condenatorias.

Para esta revista, dada la gravedad de los hechos y los indicios, es prudente que se investigue a todos los involucrados. Sin embargo, esas investigaciones deben ceñirse al debido proceso (SE 1569), al margen de simpatías o antipatías (y vale recordar que SEMANAeconómica ha criticado tanto a los políticos como a las empresas cuestionados).

La Ley de Crimen Organizado apunta a atacar estructuras criminales diseñadas única o principalmente para cometer delitos: grupos de personas organizadas en torno a la comisión de actos ilegales como el narcotráfico, homicidios selectivos, marcajes, asaltos, lavado de activos, etc.

Son organizaciones criminales Sendero Luminoso, el MRTA, el grupo Colina y la banda de Los Injertos. Ni el Apra ni el Partido Nacionalista ni Fuerza Popular ni el consorcio Kuntur Wasi –con todas sus eventuales fallas– resultan, pues, comparables.

Es evidente que Alan García, Ollanta Humala y Keiko Fujimori montaron sus organizaciones para hacer política partidaria y eventualmente llegar al poder, cosa que los dos primeros lograron y la señora Fujimori al parecer aún aspira a alcanzar.

Si se valieron de sus aparatos partidarios para cometer delitos es algo que los fiscales deberán en todo caso probar, pero lo cierto es que esos aparatos tenían un fin lícito –no delincuencial– y el grueso de sus actividades fue legal y público. Si además hubo ánimo criminal, es obvio que éste era accesorio.

Otro tanto ocurre en el caso de Chinchero: el consorcio se constituyó con fines lícitos; a saber, ganar y operar la concesión. Tiene razón en esto el expresidente Alan García, quien escribió la semana pasada en El Comercio: “si se actúa así, todo presidente de la historia, todo líder empresarial, social o político, podrá ser considerado como jefe de una organización criminal por hechos ajenos a su conducta individual”.

El beneficio que al parecer han buscado los fiscales para usar esta figura es que permite plazos más generosos de investigación. Pero puede resultarles contraproducente porque la valla probatoria es naturalmente más alta.

La semana pasada el pedido de la fiscalía de levantar el secreto bancario de Keiko Fujimori y su esposo fue denegado por el Poder Judicial precisamente por no ajustarse a la Ley de Crimen Organizado.

Antes había declarado fundada la tutela de los derechos de los representantes de Kuntur Wasi en dos instancias debido a la falta de imputaciones claras.

El país está a la espera de investigaciones prolijas y libres de sesgos. Pero al priorizar el corto plazo y el impacto mediático de sus especulaciones, los fiscales terminan autosaboteándose. Aún se puede evitar que lo único sobreviva de estos casos sean los titulares que ocuparon. (Fuente: Semana Económica)

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